En varias oportunidades a lo largo de la historia de la ciudad de Santiago y generalmente por efecto de decisiones provenientes de los vértices del poder, se han originado formas de diferenciación urbana que fortalecen y reproducen distanciamientos sociales, configurando presiones que tienden a separar del resto a los más pobres y a aquellos cuyas posibilidades de participación en tales decisiones han estado mayormente coartadas. Tal ha sido el caso de los Pueblos de Indios o "guangualíes" y de los rancheríos permitidos en (o expulsados hacia) los suburbios, las áreas de inundación y la caja del río Mapocho durante la Colonia y el comienzo del período republicano.
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Lo mismo ocurre con los cuarteríos y conventillos levantados en (o transferidos hacia) las sucesivas periferias de la ciudad que va creciendo durante la segunda mitad del siglo pasado y el primer tercio del siglo veinte.
La pauta se repite con las poblaciones "callampas" y otros modos de tugurización que se ven empujados a invadir los intersticios y perímetros de la urbanización formal y nuevamente las riberas y anegamientos, desde 1930, los cuales son reubicados en (o sacados hacia) poblaciones suburbanas, a partir de 1947, y "operaciones sitio", entre 1964 y 1970. Y por último, vuelve a suceder con el proceso de erradicación de campamentos y el traslado masivo de miles de familias en condiciones de extrema pobreza, que son llevadas a (o bien, apartadas hacia) los asentamientos periféricos que desbordan la ciudad, entre 1979 y 1985 .
El ejemplo que vamos a mostrar se incluye en la etapa más reciente y se caracteriza por alcanzar niveles inéditos en el desarrollo de la disparidad que comprometen a todas las articulaciones metropolitanas.
Es así como ha intervenido, durante estos últimos años (1979-1985), una estrategia de reorganización del espacio social de la ciudad, vinculada al desenvolvimiento de una política económica de corte neoliberal que, entre otros medidas, implicó la mudanza de 30.225 familias habitantes de campamentos hacia nuevas localizaciones , provocando una suerte de polarización de secciones homogéneas, cuyos resultados se aproximan a las definiciones conceptuales de segregación y expoliación urbana .
Tales intervenciones del aparato del Estado se facilitaron gracias a un proceso de reforma municipal; a la modificación, parcialmente rectificada después, de los principios normativos que regulan el uso y disponibilidad de suelo urbano; y a una serie de cambios en la división administrativa del área metropolitana.
También, en cierta medida, respondieron a la movilización de los grupos sociales de menor capacidad económica, que fueron transformando sus demandas postergadas en reivindicaciones políticas, y a las influencias en la gestión estatal de los empresarios de la construcción y del intercambio de bienes inmuebles .
Aunque las soluciones de erradicación de campamentos se iniciaron entre 1976 y 1978, el procedimiento se aceleró en el período que media entre 1979 y 1985, especialmente por la aplicación del llamado "subsidio dirigido", desde 1981, y de hecho continúa hasta febrero de 1989 .
El mayor volumen de radicaciones, en tamaño y número, fue a concentrarse en la nueva comuna de La Pintana, la cual pasó a ser el caso demostrativo de la estrategia de reorganización y sus conflictos.
La superficie de La Pintana, originalmente formada por terrenos de secano, había sido incorporada a la agricultura después de la construcción del sistema de regadío del canal de San Carlos, en 1821, en el marco de uno de los planes regionales mejor logrados de nuestra historia.
Situada en el extremo sur del llano del Maipo, conservó una trama de fundos y parcelas florecientes hasta hace cincuenta años, cuando en las subdivisiones comenzaron a mostrarse los primeros indicios de la expansión urbana .
En 1942, la Caja de la Habitación Popular adquirió los títulos de dominio del fundo La Pintana, que en el pasado había pertenecido al presidente Anibal Pinto, para ensayar allí la instalación de los primeros Huertos Obreros y Familiares del país, conforme a la ley número 6.815 de 1941.
En este lugar ubicado a dieciocho kilómetros de Santiago, la Caja edificó una población modelo destinada a la Sociedad Cooperativa José Maza, con viviendas de tres dormitorios sobre quinientos lotes de media hectárea, además de algunos servicios de equipamiento comunitario y reservas de espacio para los faltantes, cuya primera etapa se inauguró en 1946, y las siguientes en 1950 y 1957, permaneciendo hasta hoy, con pocas variaciones, como un símbolo del cooperativismo progresista .
Entre 1960 y los comienzos de la década siguiente se produjo un poblamiento importante en las cercanías, a consecuencia de programas de "operación sitio" y tomas de terrenos que fueron conformando el sector urbano delimitado por Lo Martínez, Santa Rosa, Lo Blanco y San Francisco, con una densidad media actual de 230 habitantes por hectárea .
En mayo de 1981 se dividió la antigua y relativamente pobre comuna de La Granja , creándose la nueva comuna de La Pintana, con 3.324,34 hectáreas de superficie, en el borde de contacto de la ciudad y su entorno rural inmediato. Desde 1979, esta unidad territorial, ahora independiente en las cuestiones de la administración local, pero al mismo tiempo " sujeto controlado de laboratorio" para la tesis de homogenización social de las comunas, explícitamente señalada entonces, había comenzado a recibir conjuntos de familias y poblaciones completas erradicadas desde doce comunas y cuarenta campamentos (principalmente de Santiago y Las Condes), incrementando en un ritmo inusitado su contenido demográfico.
Entre los censos de 1970 y 1982, la población de La Pintana aumentó de 35.603 a 73.573 habitantes, con una tasa de crecimiento anual acumulativa del 6,23%, que corresponde a 2,27 veces la del Gran Santiago en el mismo plazo.
Posteriormente y teniendo en cuenta las radicaciones, la Secretaría de Planificación Comunal de su municipio, con el apoyo del Instituto Nacional de Estadísticas, proyectó una población de 142.074 habitantes en diciembre de 1986, con tasa de crecimiento del 11,82 y el 17,88% para los bienios 1982-1984 y 1984-1986.
En el período crítico que va desde 1979 a 1985, se anota una variación porcentual de radicaciones equivalente al 327,73% de aumento calculado sobre el número de familias residentes en los campamentos de la comuna en 1979 que es de 12,94 veces el promedio del Gran Santiago .
Es difícil traducir los datos numéricos de familias a personas, debido al monto de allegados que continúa subsistiendo en los hogares y a ciertos problemas de representatividad en las muestras de las investigaciones que se hacen al respecto.
De todas maneras, está claro que este crecimiento fue provocando un fuerte impacto en las dotaciones de equipamiento y en los niveles de empleo, que ya eran deficitarios, más todavía por el perfil socioeconómico de la población incorporada. Desde muy temprano también, hay divergencias con las relaciones y roles urbanos y rurales que antes cumplía La Pintana, lo cual se manifiesta sobre la oferta y el valor del suelo, y en la percepción de la imagen que los santiaguinos comienzan a tener de ella. En diciembre de 1984, el 52,56% de la población de la comuna vivía en campamentos de radicación, nuevos campamentos y poblaciones de erradicación, la cifra más elevada del Gran Santiago, apenas seguida por Renca y Peñalolén, con un 25,11 y un 22,26%, respectivamente. Las poblaciones de erradicación por sí solas, alcanzaban a cobijar el 43,62% de la población de la comuna
Según el SECPLAC, el 61,9% de la población de 1984, estaba clasificada en los índices 1, 2 y 3 de la ficha CAS, sobre extrema pobreza. La misma fuente señala que el 40,07% de la población total de ese año se encuadraba en la edad escolar, pero la cobertura del sistema educacional era entonces insuficiente, alcanzando apenas a servir al 13,78% del nivel prebásico, al 60,04% del básico y al 1,99% del nivel medio de enseñanza en el ámbito comunal. Igualmente, se sostenía que la tasa de desocupación entre 1982 y 1984 se había incrementado en un 39,95% sobre la cifra dada por el censo del primer año, que era de un 48,8% de la fuerza de trabajo. El 25,73% de la población comunal no alcanzaba a ser atendida por el sistema de salud, servido por tres consultorios (Pablo de Rockha, San Rafael y Santiago del Nuevo Extremo).
La erradicación significaba casi siempre un mejoramiento de la vivienda y de la higiene ambiental. Pero los otros componentes del nivel de vida, como las comunicaciones, el transporte, la educación, la nutrición y muy especialmente el trabajo, se deterioraban frente a las condiciones originales de los pobladores .
Entre 1982 y 1984, habían aumentado en un 59% las denuncias de asalto y robos con agresión perpetrados en su mayoría por jóvenes desocupados, de 14 a 18 años de edad .
Hacia 1985, La Pintana aparece ubicada en el penúltimo rango de una confrontación de veintidós comunas de la provincia de Santiago, tratando diez indicadores sociales y económicos, con un puntaje equivalente a 0,71 veces el promedio .
Como reflejo de lo anterior, en el bienio 1985-1986 se advierte una notable disociación entre el número de postulantes habitacionales al SEREMINVU que solicitan esa localización y el monto de viviendas construidas allí. Para 1.020 unidades residenciales apenas postulan 206 grupos familiares, lo cual indica una razón de 0,202 veces, que contrasta con la relación inversa de 2,76 veces el número de postulantes frente al volumen de viviendas construidas en el Gran Santiago .
En 1987, los habitantes de La Pintana muestran el mayor grado de insatisfacción de sus necesidades básicas, en una comparación de ocho comunas que utiliza variables de salud, nutrición, vivienda y educación, con un valor de 1,94 veces el promedio, que es correlativo con la desviación de 1,58 veces el promedio representado por el porcentaje de población en extrema pobreza . Y en el mismo año, la Dirección General de Deportes y Recreación califica el promedio de infraestructura recreativa de la comuna en 0,85 metros cuadrados por habitante, lo cual significa una desviación de 0,45 veces la superficie promedio de veintitres comunas del Gran Santiago, de 1,89 metros cuadrados por habitante.
En resumen, el programa de reorganización del espacio social de Santiago, en el caso de la comuna de La Pintana, perjudicó irreversiblemente el potencial agrícola de su entorno rural, incrementó los costos públicos y privados de funcionamiento de la ciudad, y provocó deterioros en las condiciones urbanas de un numeroso contingente de familias de bajos recursos y capacidades de acción.
El traslado de pobladores desde otras localidades les permitió superar en parte sus penurias habitacionales y sanitarias, pero a costa de reducir sus niveles de integración espacial a la ciudad y de inclusión en un contexto social más heterogéneo, provisto de redes formales e informales de trabajo, de difusión de innovaciones y de mecanismos de convivencia y apoyo solidario, limitando drásticamente sus posibilidades ocupacionales y sus oportunidades de acceso a los bienes y servicios.
El aislamiento y la unificación de la pobreza en La Pintana se fueron consolidando en un circuito negativo debido al acrecentamiento de las distancias medidas en costos monetarios y tiempos de viaje, y sus consecuencias sobre el empleo y la certidumbre laboral, a la pérdida de la individualidad en la asociación involuntaria a un conjunto social discriminado por sus rasgos negativos y finalmente, a la inseguridad en un medio donde se desarrollan procesos de descomposición institucional, violencia y degradación.
La pregunta central que sugiere el caso, es en qué medida puede reorientarse la tendencia del circuito, en un horizonte con mayores perspectivas de solidaridad social y de legítima racionalidad en el manejo colectivo de la ciudad.
